El simulacro de la calidad. 1

Ya son 22 los centros educativos de Baleares que se han adherido hasta ahora al proyecto de implantación de Gestión de Calidad que promueve la Conselleria de Educación y Cultura. De estos, 11 han conseguido, hasta el momento, mediante auditoría externa, la concesión de la Certificación de la norma UNE-EN ISO 9001:2000 que otorga la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Si comparamos el interés y la importancia que la Conselleria da a la Gestión de Calidad con lo que opinan los profesores de los centros auditados (más algún director sincero), se constata de nuevo la diferencia entre la versión oficial de los hechos y la realidad.

La única diferencia que perciben los profesores de los centros implicados entre seguir el plan o no, es que se ha multiplicado el tiempo perdido en burocracia inútil. Papeles y más papeles sobre lo que ya se ha escrito en la programación a principio de curso, objetivos, contenidos, relación con unos y otros, listado de reuniones con padres, charlas con alumnos, fechas de una u otra cosa aunque sean irrelevantes... Porque esta es la realidad: en nada mejora sustancialmente el trabajo efectivo en las aulas, es decir, sigue haciéndose lo que antes se hacía, aunque ahora debe quedar registrado todo por escrito. Oh, la Calidad. ¿Desde cuándo la habilidad administrativa, más bien propia de un secretario eficaz, es significativa para medir la calidad de la docencia?

La hilaridad y el escepticismo de los profesores auditados aumentan al constatar que quienes les auditan no son profesionales de la enseñanza. Ni se procede a comprobar cómo se desarrolla la actividad lectiva en las aulas, estamos seguros de que no se debe a que los auditores no sabrían evaluarla, ni se pone a prueba el verdadero “producto” final: los conocimientos de los alumnos, no vayamos a echar a perder el invento por este detalle menor.

Dado este estado de cosas, quienes se han sincerado con La manca han sido muy claros: el plan de Calidad no tiene más justificación que servir para la promoción de funcionarios ambiciosos que quieren ser reconocidos por la Conselleria. Además, es una forma más de dilapidar el dinero público, ya que son empresas privadas las encargadas de realizar las auditorías.