Un aspecto en el que los políticos se han asegurado unas condiciones excepcionales, y explican que se les califique de “casta”, es el relativo a las ventajas que han establecido para cuando son destituidos de sus funciones públicas.
Suman un total de 46 los funcionarios que, tras haber ocupado cargos en la Conselleria de Educación, y para los que fueron designados por sus vínculos políticos, han vuelto a su respectivo trabajo. Sin embargo, no vuelven a cobrar lo mismo que antes, sino que, tal y como dispuso el gobierno de Matas, reciben unos suculentos complementos, aunque no haya diferencia alguna en las labores que desempeñan quienes jamás tuvieran un cargo político. La cifra que damos, un total de 46, es la suma de quienes disfrutan en el ámbito educativo de este privilegio, desde que Matas perdió el poder en 2007, más los que tuvieron cargos políticos en el segundo gobierno de Antich. Dado que ocurre lo mismo en cada Conselleria, basta multiplicar por el número de consejerías para inferir que se trata de cientos de casos. Y la cifra irá creciendo legislatura tras legislatura.
Sin duda, el conocido irónicamente como “nivel 33” de los funcionarios es una realidad. Bauzá y José Ignacio Aguiló tienen pues por donde profundizar en su acertada política de racionalización y reducción del descomunal gasto público: eliminando privilegios que caracterizan a la “casta política” y “desfaciendo los entuertos” que su propio partido creó. Falsos “liberales” y “socialdemócratas” listillos alimentaron por igual la ficción de que se podía vivir a costa del desbocado presupuesto público. Por ello, Matas y Antich crearon y mantuvieron una industria de la subvención pública para contentar a todo el mundo, y hasta aquí hemos llegado.
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